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Publicado 29 abril, 2016
El Gobierno brasileño le garantizó hoy el derecho a los travestidos y transexuales a usar su «nombre social» en cualquier trámite, papeleo y gestión ante organismos públicos, a través de un decreto ejecutivo.
La garantía, válida a partir de su publicación mañana en el Diario Oficial, consta en un decreto firmado hoy por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, durante un acto en el Palacio de Planalto en el que participaron representantes de diferentes organizaciones de defensa de homosexuales y transexuales.
De acuerdo con la medida, los transexuales y travestidos podrán exigir que se les inscriba o se les llame con su nombre social al matricularse en una escuela pública o acudir a una cita en hospital público, por ejemplo.
El tratamiento tendrá que ser ofrecido por cualquier organismo público y empresa estatal vinculada al Gobierno federal de Brasil y beneficia tanto a empleados públicos como a usuarios de servicios públicos.
Según un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, el llamado «nombre social» es el que una persona escoge para usar de acuerdo con el género con que se identifica, independiente del nombre que figure en su certificado de nacimiento o en su documento de identidad.
De esa forma, un travestido que fue registrado con nombre masculino y adoptó uno femenino tendrá que ser identificado por el segundo en formularios y actos públicos, así como en las credenciales que se le ofrezcan en organismos gubernamentales.
El secretario especial de Derechos Públicos, Rogerio Sottili, explicó que la medida no puede ser extendida a documentos de identidad debido a que para ello sería necesario que el Congreso reformase la ley.
«Son personas que no son reconocidas por su identidad de género. Una persona que nace como Juan y hoy se identifica como María no puede tener un documento de identidad en que aparezca María. Eso las inhibe, las hace víctima de prejuicios y las aleja de servicios básicos como la educación y la salud», explicó Sottili.
Según el funcionario, los travestidos no se sienten bien cuando acuden a un hospital o una escuela pública y no se les llama por su nombre social.
«Este decreto es un instrumento de ciudadanía que busca sacar de la invisibilidad a personas que quieren ser reconocidas por la identidad que escogieron para vivir el resto de sus vidas», aseguró.
Sottili dijo que lo ideal sería contar con una ley que les permita cambiar el nombre en sus identidades de «forma fácil, barata y rápida» pero dio a entender que tal iniciativa tendría dificultades de ser aprobada por el Congreso.
Los representantes de las organizaciones de defensa de homosexuales y transexuales que participaron en la firma del decreto aprovecharon el acto para manifestar su apoyo a Rousseff en momentos en que enfrenta un posible juicio que puede reducirle el mandato.
En caso de que el Senado apruebe el próximo mes la apertura del juicio político destituyente, la mandataria tendría que separarse del cargo por 180 días, plazo previsto para que la Cámara alta realice el juicio.
En los últimos días Rousseff ha promovido diferentes actos en la sede de la Presidencia con la presencia de representantes de movimientos sociales que apoyan su Gobierno.
