Yina Calderón
enciende las alarmas por Epa Colombia

Foto: @ yinacalderonoficial.
La incertidumbre rodea a Epa Colombia tras nuevas denuncias sobre presuntas restricciones para recibir visitas, mientras su defensa y allegados reclaman garantías fundamentales.
Foto: Archivo en Redes Sociales.
La situación judicial y penitenciaria de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, volvió a ocupar la conversación en redes sociales luego de que surgieran nuevas denuncias sobre las dificultades para que su familia y su equipo jurídico puedan visitarla en el centro de reclusión donde permanece privada de la libertad en Bogotá.
Las alertas fueron dadas a conocer por la creadora de contenido Yina Calderón, quien afirmó que existe una falta de información sobre el estado de su amiga y expresó su preocupación por lo que calificó como una vulneración de sus derechos.
Según explicó a través de sus redes sociales, ni los familiares ni la defensa habrían logrado ingresar para entrevistarse con la empresaria de productos capilares, situación que, asegura, ha incrementado la incertidumbre entre las personas más cercanas a Barrera.
A las declaraciones de Calderón se sumó la abogada Wendy Herrera, representante legal de la influenciadora, quien afirmó que acudió al lugar de reclusión con el propósito de reunirse con su cliente, pero aseguró que las autoridades no autorizaron su ingreso. De acuerdo con la jurista, esta situación afectaría el derecho de Epa Colombia a contar con una defensa técnica y con las garantías propias del debido proceso.
Herrera manifestó además que emprenderá las acciones legales correspondientes para esclarecer lo ocurrido y verificar si existieron irregularidades durante el procedimiento. Asimismo, insistió en que buscará que se respeten plenamente los derechos de su defendida mientras cumple la condena impuesta por la justicia colombiana. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento público sobre las denuncias realizadas por la defensa.
Las recientes declaraciones reactivaron la discusión en plataformas digitales, donde seguidores de la influenciadora y otros usuarios expresaron posiciones divididas frente al caso. Mientras algunos respaldan el llamado de la familia y consideran que cualquier persona privada de la libertad debe contar con garantías para ejercer su defensa y mantener contacto con sus allegados, otros recuerdan que Barrera cumple una condena derivada de los hechos ocurridos durante las protestas de 2019, cuando difundió un video en el que destruía parte de una estación de TransMilenio.
En medio de ese panorama, los familiares y la defensa de Epa Colombia reiteraron su petición para que las autoridades permitan verificar su estado y garanticen el respeto de sus derechos dentro del establecimiento penitenciario. Por ahora, el caso continúa en desarrollo y permanece a la espera de una respuesta oficial que esclarezca las denuncias sobre las presuntas restricciones de acceso a la influenciadora.